El Estado de Chile, a través de su Senado, ha establecido dentro del presupuesto para el año 2007 un estudio sobre el uso de Código Abierto (Software Libre) dentro del estado. Este tema fue tratado en la Sesión 75ª, ordinaria, en miércoles 6 de diciembre de 2006, el extracto de la intervención del Senador Navarro al respecto es la siguiente:
UTILIZACIÓN DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO EN ÓRGANOS DEL ESTADO. OFICIOS
Asimismo, señor Presidente, solicito que se oficie también al Ministro de Hacienda sobre lo siguiente.
Tengo en mis manos el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2007, firmado por la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco. En la Partida Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Capítulo 01, Programa 03, Programa de Reforma y Modernización del Estado, se agrega la siguiente Glosa 02, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 402: "Con cargo a estos recursos se realizará un estudio técnico que establezca un conjunto de recomendaciones relacionadas con el uso de plataformas de código abierto en el desarrollo y soporte de sistemas informáticos en las entidades de gobierno.".
Me habría gustado una redacción mucho más profunda. Pero, en síntesis, la referida Glosa, que ya es ley, dispone la realización de un estudio a los efectos de establecer recomendaciones de modo que las diversas entidades de Gobierno puedan generar un ahorro.
Deseo advertir que en el Presupuesto del 2007 se superan los 12 mil millones de pesos, no en compras de equipos computacionales, sino en pago de patentes y licencias de softwares.
Es decir, hay un gravamen fuerte para el Estado en materia de pago de patentes por el uso de softwares, en circunstancias de que países como Brasil decretaron hace ya mucho tiempo la utilización del software libre al interior del Estado. Francia e Italia, por su parte, tienen prohibición al respecto.
En consecuencia, nada explica que Chile no adopte una legislación que permita el desarrollo del software libre, particularmente al interior del Estado, si organismos como el INP han logrado ahorrar centenares de millones de pesos pasándose a un sistema de información de código abierto. Lo mismo ha hecho la Universidad del Biobío, y cada día son más las instituciones que descubren las ventajas de poseer una plataforma de asistencia informática que posibilite modificar los programas, a fin de evitar un pago innecesario que sólo implica un gravamen al Estado.
Por eso, pido que se oficie a los Ministerios de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia para que, siendo ya ley el Presupuesto de la Nación, nos envíen antecedentes sobre cómo se fijarán los plazos y se determinará el mecanismo mediante el cual se llevará a cabo el estudio técnico pertinente.
Me interesa que sea un sistema público, donde haya concursabilidad nacional e internacional. Estamos hablando de incorporar recomendaciones técnicas para código abierto al Estado de Chile y no a empresas. Por lo tanto, se requiere también un llamado a licitación internacional.
Ése fue el sentido de nuestro debate presupuestario, durante el cual supimos que el Ministerio del Trabajo y, especialmente, el INP han dado un gran salto a ese respecto.
Por consiguiente, pido oficiar a los dos Ministerios mencionados a fin de que nos informen en forma detallada sobre el particular.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento. |
